La Justicia Federal de Río Grande aceptó la participación de la Provincia como tercero en la demanda ambiental impulsada por excombatientes y abogados ambientalistas. La medida cautelar que suspendió las obras continúa vigente.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, admitió la intervención de Tierra del Fuego en la causa iniciada contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La Provincia participará a través de su Fiscalía de Estado, en carácter de tercero y con una actuación accesoria y subordinada a la parte actora, conforme a la Ley General del Ambiente 25.675.
La presentación fue realizada el 23 de septiembre, dentro de la acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Según la resolución, a la que accedió Ámbito, el Estado fueguino deberá tomar la causa en el estado en que se encuentra y quedará alcanzado por la sentencia, sin que su incorporación implique retrotraer el trámite, suspenderlo, ampliar la demanda o sumar pretensiones propias.
El tribunal también rechazó convocar al Estado Nacional como parte o tercero porque no consideró acreditada, en el estado actual del expediente, una necesidad concreta para hacerlo. La jueza dejó abierta esa posibilidad si aparecen nuevos elementos. Además, no aceptó por ahora fijar las condiciones solicitadas para revisar la medida cautelar ni intimar a las empresas a presentar documentación sobre seguros y garantías, aunque indicó que esos puntos podrán ser evaluados cuando se incorporen informes pendientes o existan razones de tutela ambiental.
La cautelar dictada el 16 de septiembre sigue vigente. En esa oportunidad, Borruto ordenó detener las obras de Sea Lion y dispuso que las compañías se abstuvieran de realizar actos materiales vinculados con el emprendimiento, incluidas perforaciones, infraestructura submarina y obras terrestres o portuarias de apoyo. La decisión se basó, entre otros elementos, en un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental que indicó que las empresas no habían iniciado en el país el procedimiento de evaluación ambiental exigido por la Ley General del Ambiente.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, Sea Lion prevé 23 pozos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, infraestructura submarina e instalaciones terrestres y portuarias en Puerto Argentino. El proyecto se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de la isla Soledad; Navitas posee una participación del 65% y Rockhopper, del 35%. La primera extracción está prevista para marzo de 2028.
El CECIM La Plata celebró la incorporación de la Provincia y sostuvo que la cautelar no sufrió modificaciones. Su abogado y apoderado, Jerónimo Guerrero Iraola, declaró a Ámbito: “Estamos muy conformes con la evolución de la causa. Estamos esperando que se hagan efectivas las notificaciones a las empresas”. También exhortó a la Cancillería a “actuar conforme a derecho”. La acción preventiva por daño ambiental colectivo había sido presentada el 1 de septiembre ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.