La Corte Suprema rechazó la legitimación activa de los Combatientes de Malvinas para cuestionar la derogación de la ley de tierras dispuesta por el DNU 70/2023.
La Corte Suprema de Justicia resolvió que los Combatientes de Malvinas no tienen legitimación activa para objetar la derogación de la ley de tierras rurales establecida por el DNU 70/2023. Según el análisis, esa decisión dejó sin protección alguna las restricciones a la extranjerización de tierras rurales.
El fallo generó desconcierto en el oficialismo, la oposición y los medios vinculados con ambos sectores. El texto plantea que la decisión confirma la vigencia del decreto, aunque también expone al Gobierno por su cambio de posición respecto de la soberanía.
Entre los posibles beneficiarios, el análisis ubica a los capitales extranjeros, que podrían adquirir tierras en zonas de frontera y próximas a cuerpos de agua sin límites cuantitativos. También señala que las tierras productivas argentinas cuestan la mitad o un tercio que propiedades equivalentes en Paraguay, Brasil y Uruguay.
El DNU 70/2023, compuesto por 366 artículos, dispuso una Reforma del Estado y derogó cientos de leyes. El Senado lo rechazó en mayo de 2024, pero continúa vigente porque la Cámara de Diputados no lo trató ni lo rechazó. El texto cuestiona además que la Corte no se haya pronunciado sobre su constitucionalidad.
Algunas disposiciones del decreto fueron convalidadas posteriormente por leyes como la Ley Bases, que incluye el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y una reforma laboral. El análisis recuerda que la Ley Bases fue aprobada en el Senado tras un empate definido por el voto de Victoria Villarruel, luego del cambio de posición del senador Edgardo Kueider, quien está preso en Paraguay y enfrenta causas por enriquecimiento ilícito en Argentina.
El texto sostiene que la vigencia del decreto impacta sobre las mayorías mediante aumentos de prepagas, alimentos, intereses de tarjetas de crédito, combustibles, gas, energía, alquileres y medicamentos.