María Belén Agudiez informó activos por $4,5 millones al cierre de 2025, frente a los $43.000 declarados al incorporarse a la administración pública.
María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y funcionaria vinculada al círculo de confianza de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, informó un fuerte incremento de su patrimonio durante sus casi tres años en la administración pública.
Según las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, Agudiez ingresó al Estado con bienes por $43.000: $8.861 en cajas de ahorro y $35.000 en efectivo. En la presentación correspondiente al cierre de 2025 declaró activos por $4,5 millones, una multiplicación de aproximadamente 98 veces y un aumento cercano al 9.766%.
En su última declaración, la exfuncionaria consignó $3,5 millones en efectivo, además de tenencias en fondos comunes de inversión, entre ellos Mercado Fondo y SBS, dinero depositado en plataformas de servicios de pago y una caja de ahorro en dólares. También informó ingresos anuales por $37,6 millones y gastos personales por $36 millones.
La salida de Agudiez se produjo durante la reestructuración del personal de la Quinta de Olivos, que derivó en el apartamiento de alrededor de 12 empleados civiles. El argumento oficial fue la existencia de razones de seguridad y sospechas sobre posibles filtraciones de información.
Entre los desplazados estuvo Osvaldo Sosa, exadministrador de la residencia presidencial y esposo de Analía Agudiez, hermana de la exsubsecretaria. El caso cobró mayor repercusión luego de que la diputada Marcela Pagano volviera a poner en agenda una denuncia penal por un presunto esquema de corrupción relacionado con compras públicas de la Secretaría General de la Presidencia. De acuerdo con la denuncia, licitaciones para adquirir alimentos y cortes de carne premium destinados a Balcarce 50 y Olivos habrían sido desviadas para abastecer a Pancitos Caseros, un emprendimiento privado de catering administrado por Sosa y Analía Agudiez. Las acusaciones continúan bajo análisis administrativo y judicial.