María Eugenia Capuchetti ordenó medidas preliminares para determinar si hubo irregularidades en los controles migratorios y comunicaciones oficiales sobre la situación judicial del dirigente brasileño.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa y dispuso una serie de medidas preliminares para investigar si el gobierno de Javier Milei encubrió la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil a Estados Unidos a través de la Argentina.
La pesquisa busca establecer si se produjeron irregularidades en los controles migratorios y si funcionarios nacionales facilitaron el traslado del dirigente brasileño. En ese marco, la magistrada pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que informe si recibió alertas o requerimientos previos vinculados con la situación judicial del senador brasileño.
El requerimiento también apunta a determinar si hubo comunicaciones oficiales sobre las medidas adoptadas por la Justicia de Brasil y si esas advertencias estaban disponibles para las autoridades argentinas cuando Bolsonaro cruzó la frontera.
Capuchetti solicitó además a la Dirección Nacional de Migraciones un detalle de los controles aplicados durante el ingreso de Bolsonaro a la Argentina por la frontera terrestre con Brasil y su posterior salida en un avión privado desde Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro y su familia aterrizaron en Miami luego de despegar de esa ciudad.
Para reconstruir los movimientos del dirigente y de su familia durante su permanencia en el país, la jueza requirió registros de cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina. La solicitud comprende el período del 27 de octubre de 2026 hasta la 1 de la madrugada del 28 de octubre, cuando Bolsonaro atravesó la frontera y se dirigió al aeropuerto de Puerto Iguazú.
Por otra parte, la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú desestimó dos denuncias por el presunto ingreso irregular de Bolsonaro. El fiscal federal subrogante Aníbal Martínez consideró que no existió delito. Según la presentación fiscal, Interpol informó que no había restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra el dirigente brasileño al momento del informe, por lo que la fiscalía sostuvo que contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino.