El juez federal de Victoria, Federico Martín, ordenó al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Vialidad presentar un informe sobre los fondos del Sistema Vial Integrado.
La Justicia admitió el amparo promovido por los legisladores nacionales entrerrianos del peronismo Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay contra el Gobierno por la retención de recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
El juez federal de Victoria, Federico Martín, dispuso que el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad informen en un plazo de tres días cuál fue el destino de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Los organismos fueron notificados la semana pasada y el requerimiento tramita en el expediente “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986” (N° 12957/2026).
El planteo sostiene que la ley establece una asignación específica para los ingresos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, que deberían utilizarse exclusivamente en infraestructura vial. Los legisladores cuestionan que esos recursos permanezcan colocados en instrumentos financieros para contribuir al equilibrio fiscal y reclaman la reactivación de obras y tareas de mantenimiento en la red vial nacional de Entre Ríos.
Según el relevamiento presentado en la causa, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el SISVIAL recibió más de $1,5 billones en todo el país, mientras que unos $394.406 millones fueron destinados a obras. El informe indica además que al 31 de mayo más de $1 billón continuaba colocado en títulos públicos y plazos fijos.
El reclamo incluye las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras. También se presentó en paralelo al avance de las concesiones viales impulsadas por la administración de Javier Milei: el 7 de octubre, el Gobierno nacional concesionó por 20 años 276 kilómetros de rutas entrerrianas, correspondientes a los tramos de las rutas 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y 12 entre Crespo y Paraná.
Para Bahl, Michel y Marclay, esa concesión no explica qué ocurrió con los fondos recaudados durante los últimos dos años ni resuelve el deterioro del resto de las rutas nacionales de la provincia. La respuesta de Economía y Vialidad Nacional será el próximo paso del proceso judicial.