El inversor cuestionó la decisión que también alcanzó a Karina Milei y a otros nueve imputados. Señaló pruebas pendientes, criticó al juez y al fiscal, y defendió su derecho a recurrir aunque fue apartado como querellante.
Juan Patricio Marchetto presentó la primera apelación contra los sobreseimientos dictados en la causa por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA. Con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, solicitó que se revoque el cierre de la investigación contra Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve imputados.
El recurso cuestiona los fundamentos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había pedido el sobreseimiento de todos los acusados. Marchetto sostuvo que la resolución llegó a una conclusión definitiva sin completar medidas de prueba y que contiene contradicciones y una valoración parcial de los elementos incorporados al expediente.
Entre sus argumentos, distinguió entre la falta de pruebas suficientes para demostrar un delito y la conclusión de que los hechos investigados no constituyen delito. Según el planteo, el fallo confundió ambas situaciones. También cuestionó que Taiano haya demorado diligencias, omitido citar a testigos y no solicitado las declaraciones indagatorias de los imputados, pese a que algunas medidas ordenadas por la propia fiscalía todavía estaban en curso.
La presentación volvió a señalar las comunicaciones entre Milei y Mauricio Novelli durante los minutos previos a la publicación presidencial sobre $LIBRA en X, el 14 de febrero de 2025. De acuerdo con los registros citados, Novelli llamó al Presidente a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02, mientras que a las 18:56:22 Milei recibió una llamada entrante del operador. El mensaje fue publicado a las 19:01:22. Además, 74 billeteras realizaron 87 transacciones por aproximadamente 13,5 millones de dólares unos 22 segundos antes del posteo. Marchetto pidió que esos hechos fueran analizados conjuntamente con el destino de los fondos y la identidad de sus receptores.
El inversor también reclamó profundizar las pericias telefónicas sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados en el expediente por haber recibido fondos de Hayden Davis. A la vez, cuestionó que no hayan declarado Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda, y Yanina Nicoletti, quien fue la primera abogada de Davis en la Argentina.
Otro tramo del recurso objetó el tratamiento del informe de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP), elaborado a partir de dispositivos secuestrados. Marchetto sostuvo que no se probó que la empleada investigada hubiera entregado documentación reservada ni que el informe hubiera sido manipulado, y planteó dudas sobre un informe preliminar recibido por la fiscalía en noviembre de 2025. Aunque fue apartado como querellante el 3 de julio y la decisión fue confirmada por la Cámara Federal, su recurso para recuperar esa condición aún debe ser resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal. Por eso invocó el plenario “Zichy Thyssen”, de 2006, y los derechos de las víctimas para sostener que puede impugnar los sobreseimientos antes de que la causa quede cerrada definitivamente.