La embarcación de la naviera Easter Island saldría desde Punta Arenas con alimentos, maquinaria y materiales de construcción para abastecer a las islas en diciembre.
El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que su país no debe solicitar autorización a la Argentina por la navegación del buque Danstar, que partirá desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas.
El funcionario invocó el derecho a la libre navegación o “paso inocente”, contemplado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), y afirmó que “los países no piden permiso”. También expresó su confianza en que ese derecho será respetado.
La posición chilena respondió a las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien había señalado que la embarcación debe pedir autorización para atravesar aguas jurisdiccionales argentinas. “Por el estrecho de Magallanes pasan miles de barcos por año. Miles piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”, dijo el lunes en el canal A24.
El viaje del Danstar busca reinaugurar en diciembre una ruta comercial hacia Puerto Argentino, suspendida durante 15 años. El cargamento incluirá alimentos, maquinaria y materiales de construcción, como alternativa al abastecimiento regular de las islas desde Montevideo, Uruguay.
La iniciativa privada surgió a partir de una propuesta de la Development Corporation Falkland Islands. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, había definido el objetivo con la frase: “Queremos ser el gran supermercado de las islas”. Quirno, en tanto, recordó el “compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas”, en referencia a la intención del Reino Unido de explotar petróleo en la zona.
En el segundo día de audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la delegación argentina reclamó la suspensión del proyecto extractivo Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las islas Malvinas. También sostuvo que la corte tiene competencia prima facie y planteó la existencia de un riesgo de perjuicio irreparable y de una situación urgente que requiere un fallo provisional.
Marcelo Kohen, integrante del equipo argentino encabezado por la secretaria Legal y Técnica de Casa Rosada, María Ibarzabal, afirmó que la disputa de soberanía no convierte las áreas marítimas cercanas a las Malvinas en un “mar británico” en el que el Reino Unido pueda explotar recursos libremente. En francés, uno de los idiomas aceptados por el tribunal, cuestionó la pretensión británica de ejercer soberanía sobre la plataforma continental y señaló que no es necesario resolver la cuestión de fondo para ordenar medidas provisionales.