Gabriel Solano y Esteban Paulón presentaron denuncias penales en Comodoro Py y pidieron investigar el vuelo privado, los controles migratorios y la posible intervención de funcionarios.
La Justicia federal deberá analizar dos denuncias contra Javier Milei y funcionarios de su Gobierno por la presunta colaboración estatal en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, su paso por la Argentina y su posterior traslado a Estados Unidos. Las presentaciones fueron realizadas por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y el diputado nacional Esteban Paulón.
El expediente iniciado por Solano quedó radicado en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la Fiscalía Federal N° 10, a cargo de Paloma Ochoa. La denuncia de Paulón fue sorteada inicialmente en el Juzgado Federal N° 3, encabezado por Daniel Rafecas. Como la presentación de Solano ingresó primero, ambas investigaciones podrían acumularse.
De acuerdo con la información difundida por Migraciones, Bolsonaro ingresó a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas a las 22.50 del martes, por el puente internacional Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu. A las 23.30, el grupo dejó el país en un vuelo privado de Baires Fly. El Gobierno argentino informó que la familia tenía documentación de viaje válida y que no registraba impedimentos legales en los sistemas migratorios nacionales.
Solano pidió investigar si se utilizaron recursos estatales para facilitar el traslado y eludir las restricciones judiciales dispuestas en Brasil. Su presentación atribuye posibles delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos. También solicitó medidas de prueba para reconstruir lo ocurrido en Misiones y establecer qué intervención tuvieron las fuerzas federales y otros organismos.
Paulón denunció por encubrimiento agravado a Milei, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al asesor presidencial Santiago Caputo. Su planteo busca determinar quién financió y organizó el vuelo, además de esclarecer si Caputo estuvo en Puerto Iguazú y mantuvo contactos con funcionarios de los organismos fronterizos. La eventual participación del asesor y esos contactos forman parte de las sospechas denunciadas y no constituyen hechos judicialmente probados.