La presentación atribuye al canciller y al director de la institución abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y actos discriminatorios por suspender dos proyecciones previstas para los domingos 18 y 25 de octubre.
El canciller Pablo Quirno y el director del Museo Histórico Sarmiento fueron denunciados penalmente por el levantamiento de dos funciones de un ciclo de cine ruso programado en esa institución. La presentación fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla.
La denuncia sostiene que la cancelación se resolvió después de que la Embajada de Ucrania presentara una nota ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según los denunciantes, las autoridades del museo reconocieron ese antecedente y justificaron la suspensión en razones de “prudencia institucional”.
Las películas excluidas de la programación pertenecían, entre otros, a los directores rusos Andrey Zvyagintsev y Aleksandr Sokurov, identificados en el escrito como realizadores disidentes o críticos de la actual administración gubernamental de Rusia. Para los abogados, la medida constituyó un acto de censura previa y restringió el acceso a expresiones culturales por la nacionalidad y el origen de las obras.
El planteo invoca el artículo 248 del Código Penal, referido al abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público, y la Ley 23.592 de actos discriminatorios. Los denunciantes sostienen que se habrían afectado derechos vinculados con la cultura y la libertad de expresión, y que la decisión habría estado relacionada con la nacionalidad, la ideología o el origen geográfico de los creadores.
Para avanzar con la investigación, solicitaron que Cancillería entregue una copia certificada de la nota de la Embajada de Ucrania y de los dictámenes y pases administrativos remitidos a la Secretaría de Cultura. También pidieron que el museo informe qué acto administrativo ordenó suspender las funciones y si existió un pedido de Cancillería, además de identificar a quienes aportaron las películas o participaron de la programación para que declaren como testigos. Finalmente, reclamaron la intervención del fiscal y que los funcionarios sean citados a prestar declaración indagatoria.