La Libertad Avanza busca asegurar la aprobación general de la iniciativa, aunque el capítulo sobre injerencia extranjera todavía requiere una mayoría especial de 129 votos.
El oficialismo ultima con bloques aliados las modificaciones al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que será debatido en la sesión del próximo miércoles junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El temario también incluye el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el Acuerdo de Montevideo y la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Los votos para aprobar en general la iniciativa sobre Malvinas estarían garantizados, pero continúa en riesgo el capítulo 7 del dictamen. Esa sección crea delitos vinculados con la “injerencia extranjera” y necesita 129 votos para ser aprobada. El oficialismo recibió pedidos para eliminarla o modificarla en profundidad, mientras que el PRO se comprometió a respaldar el proyecto con o sin cambios.
El capítulo contempla multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales, además de penas de prisión por facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero, divulgar secretos a otro Estado o servicio de inteligencia y colaborar con operaciones clandestinas. También prohíbe organizar, financiar o ejecutar campañas de injerencia extranjera y actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes.
Las negociaciones se desarrollaron en una reunión reservada en la Presidencia de la Cámara de Diputados, con la participación de Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado por el oficialismo, y representantes del PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros bloques. La subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, escuchó los reclamos de Oscar Herrera Ahuad, Karina Banfi y Gisela Scaglia. Entre las modificaciones aceptadas figura ampliar el Consejo de Seguridad Nacional con miembros no permanentes: el presidente de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores.
El proyecto mantiene sanciones por explotar sin autorización argentina recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, aunque excluye a accionistas con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión con intervención indirecta. Además, reduce las multas previstas, que pasarían de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo a entre 2 mil y 40 mil. También incorpora una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar al Consejo de Seguridad Nacional, al que el Poder Ejecutivo deberá informar sobre sus medidas dentro de un plazo máximo de 48 horas.