El intendente de Esteban Echeverría habló este lunes en la audiencia pública del ERAS, convocada para analizar cambios en las tarifas de agua y cloacas del AMBA.
La propuesta de AySA para modificar los coeficientes zonales, que inciden en las tarifas de agua y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires, fue analizada este lunes en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
De acuerdo con las proyecciones de la empresa, el 59,6% de los usuarios residenciales tendría aumentos, con una suba promedio del 22,6%. En tanto, un 20% pagaría menos y otro 20% mantendría el mismo valor. Durante el encuentro, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cuestionó el proceso de privatización de AySA y afirmó: “Están regalando la empresa, una verdadera vergüenza”.
Gray también planteó dudas sobre la continuidad de las obras de infraestructura en el conurbano. En particular, preguntó si la nueva concesionaria realizará el Río Subterráneo Sur, una obra que beneficia a Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Florencio Varela. “El monto de esta sola obra supera los 340 millones, mientras están regalando AySA”, sostuvo.
El 90% de las acciones de la compañía fue adjudicado por el Ministerio de Economía al consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX Aqua AR B.V. y Transclor S.A., que ofreció USD 340,2 millones. “Hacen falta obras millonarias y, si no las hace el Estado argentino, no las va a hacer nadie. Ningún privado las va a hacer”, agregó el jefe comunal.
El intendente recordó que acudió dos veces a la Justicia: primero, para pedir que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) pudiera participar de la licitación, y luego para cuestionar la exclusión de empresas estatales provinciales. Además, presentó un amparo contra dos cláusulas del pliego: una habilita a la futura concesionaria a interrumpir los servicios por falta de pago y otra establece un período de diez años de desinversión. Gray dijo que continuará con las acciones judiciales y reclamó al Gobierno nacional que frene la privatización, termine con los aumentos y sostenga un plan de inversión a cargo del Estado.
La audiencia no es vinculante. El ERAS deberá evaluar las exposiciones y emitir una resolución sobre la propuesta tarifaria. Mientras tanto, el proceso de privatización continúa: la Resolución 1818/2026 estableció el 13 de noviembre como fecha límite para firmar el contrato de compraventa, y el nuevo operador asumiría la gestión del servicio entre enero y febrero de 2027.