La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas solicitó incorporar el proceso al Programa Operativo Anual 2026 y recibir el informe antes del 1° de marzo de 2027.
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas pidió al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, que el organismo audite el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
La solicitud fue presentada por el diputado nacional de Unión Por la Patria Guillermo Michel. El documento reclama una revisión integral de gestión, financiera y de cumplimiento sobre la venta de la totalidad de las acciones del Estado Nacional en la empresa.
Michel fundamentó el pedido en el artículo 7° de la Ley Bases, que declaró a AySA sujeta a privatización, y en su condición de integrante de la comisión bicameral encargada del control de las cuentas públicas. También enumeró los decretos N°695/2024, 493/2025, 494/2025 y 805/2025, junto con las Resoluciones N°1.198/2025, 280/2026, 543/2026, 704/2026, 1.386/2028 y 1.722/2026 del Ministerio de Economía.
El escrito solicita que la auditoría sea incorporada al Programa Operativo Anual 2026 y que se realice sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 27.742. Además, requiere que el resultado sea enviado a la Comisión antes del 1° de marzo de 2027.
La AGN ya aprobó incluir en su Programa de Acción Anual para 2027 auditorías sobre la licitación de la Vía Navegable Troncal y la prórroga de la concesión a Aeropuertos Argentina, tramitada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos mediante tres actas secretas. Según informó Ámbito, el Colegio de Auditores aprobó esas revisiones, aunque todavía falta el aval de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, exigido por la Ley de Administración Financiera 24.156.
De acuerdo con información obtenida por Ámbito, ambas auditorías fueron propuestas por Olmos. El plan también contempla controles sobre el ámbito universitario y el sector público descentralizado, además de ocho proyectos específicos sobre 12 universidades nacionales y 27 informes referidos a empresas públicas, fideicomisos y entes estatales.