El presidente anunció un proyecto para acelerar la devolución de depósitos y garantizar fondos públicos, mientras la oposición impulsa un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió la renuncia del titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, tras la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia que provocaron el congelamiento de depósitos y la suspensión de sus servicios. “Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Peña también anunció un acuerdo con los presidentes de ambas cámaras del Congreso para tratar un proyecto de ley que autorice el uso del Fondo de Garantía e iniciar el pago inmediato a los ahorristas. La iniciativa contempla además la devolución de fondos públicos, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cajas jubilatorias estatales. El Presidente pidió que el proyecto sea aprobado “con la mayor celeridad” y reclamó al Banco Central que informe los plazos y mecanismos para devolver los depósitos garantizados.
El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por depositante y entidad. Los montos que superen ese límite dependerán del proceso de resolución y de la evaluación de los activos y pasivos de Ueno Bank. Peña sostuvo que se trata de “un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional” y afirmó que los responsables deberán responder ante la Justicia “sin excepciones y sin privilegios”.
La oposición del Bloque Democrático anunció que promoverá un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Además, los senadores anticiparon denuncias ante el Ministerio Público contra el directorio del Banco Central, encabezado por Carvallo, por posibles responsabilidades penales vinculadas con la regulación, fiscalización y supervisión. La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, también adelantó una denuncia contra los directivos de Ueno Bank y pidió medidas cautelares, incluida la prisión preventiva.
El juicio político debe comenzar en la Cámara de Diputados y requiere una mayoría de dos tercios para avanzar; luego, el Senado actúa como tribunal y puede destituir al funcionario si lo encuentra responsable. La intervención de Ueno Bank también generó preocupación por la exposición del IPS, que tenía alrededor de u$s355 millones invertidos en la entidad y mantenía allí los depósitos de unos 32.000 jubilados, según la información difundida por EFE. Entre los organismos públicos involucrados también figuran la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la represa binacional de Itaipú.
El Banco Central dispuso el procedimiento de resolución luego de constatar que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La medida dejó fuera de funcionamiento la aplicación, las tarjetas y los demás servicios de la entidad. Carvallo informó que su renuncia estaba firmada, aunque aclaró que continuaría al frente del organismo para garantizar el desarrollo del procedimiento.