La red operaba desde tres penales bonaerenses y utilizaba falsas fianzas por accidentes viales o pedidos urgentes para cambiar dólares. Hubo detenidos, aprehendidos y secuestro de celulares y anotaciones.
Una investigación dirigida por el fiscal Mariano Moyano permitió desmantelar una organización delictiva que operaba desde las unidades penitenciarias bonaerenses N.° 1 de Olmos y N.° 15 y N.° 44 de Batán. La banda, descripta como un “call center carcelario”, tenía como principales objetivos a adultos mayores y jubilados.
Los procedimientos fueron realizados por personal de la Delegación DDI luego de la autorización de la Justicia de Garantías. En los operativos quedaron detenidos Franco Miguel, Jonathan Villalba y Alejandro Rosales, mientras que otras dos personas fueron aprehendidas. También se incautaron ocho teléfonos celulares, troqueles de tarjetas SIM y cuadernos con anotaciones.
De acuerdo con los informes técnicos solicitados a empresas de telefonía, desde el Penal de Olmos se efectuaron 5.058 comunicaciones entre el 4 de junio y el 8 de julio. Luego, entre el 4 de agosto y el 8 de octubre, se registraron otras 5.283 llamadas. En total, fueron 10.341 intentos extorsivos en cuatro meses.
Una de las maniobras consistía en hacerse pasar por un jefe policial y avisar que un familiar de la víctima había provocado un accidente en el que una mujer embarazada resultaba involucrada. Después exigían dinero para pagar una supuesta fianza y liberar al detenido. En otros casos, los delincuentes simulaban ser hijos o sobrinos que necesitaban cambiar dólares con urgencia ante un inminente anuncio presidencial.
En las grabaciones incorporadas a la investigación se escucha a los integrantes de la banda presionar a las víctimas y poner al teléfono a otro interno que fingía ser el familiar accidentado. En uno de los diálogos, una mujer expresa que cobra la jubilación mínima y que no tiene dinero para entregar.
Ante las evidencias reunidas, el fiscal Mariano Moyano pidió revisar los permisos vigentes y prohibir el uso de dispositivos móviles por parte de los internos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Sostuvo que la medida busca impedir la planificación y ejecución de estafas, defraudaciones informáticas, extorsiones, coacciones y robos agravados desde las unidades carcelarias.