La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía.
El Poder Ejecutivo amplió la Red Federal de Concesiones al incluir 27 rutas nacionales administradas por el Estado en el régimen previsto por la Ley N° 17.520. La incorporación permitirá estructurar futuros corredores viales de peaje mediante contratos destinados a transferir al sector privado tareas de operación, mantenimiento y rehabilitación.
El listado comprende las rutas nacionales 3 —en el trayecto que la provincia de Buenos Aires comparte con Chubut y Santa Cruz—, 22 —junto con La Pampa—, 33, 35 —que también atraviesa La Pampa y Córdoba—, 228 y el acceso A0017. También fue incluida la ruta 9 en su extensión por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
En el Litoral y el norte argentino se incorporaron las rutas 11, que recorre Santa Fe, Chaco y Formosa; 12, en Entre Ríos; 14, entre Corrientes y Misiones; y 16, en los tramos correspondientes a Santiago del Estero, Chaco y Salta. En la Patagonia quedaron comprendidas las rutas 25 y 26, en Chubut, y la 237, en Neuquén.
El anexo también incluye las rutas 34, entre Jujuy y Salta; 38, en Córdoba y La Rioja; 50, en Salta; 60 y 158, en Córdoba; y 89, entre Chaco y Santiago del Estero. Completan la nómina las rutas 81 y 86, en Formosa; 120, 121 y 122, en Corrientes; y 151 y 152, en La Pampa.
Las trazas podrán incorporarse total o parcialmente a los corredores de peaje, siempre que los segmentos no estén alcanzados por contratos de concesión vigentes. La salvedad comprende a las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que ya habían sido incluidas en fases anteriores.
El decreto faculta al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, a diseñar los corredores luego de un informe de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La cartera deberá elaborar y aprobar los pliegos, convocar licitaciones públicas nacionales e internacionales, analizar las ofertas, adjudicar las obras y firmar los contratos. Los llamados deberán realizarse dentro de un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigencia de la norma.
Las empresas adjudicatarias tendrán a su cargo la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos, y podrán desarrollar actividades comerciales complementarias para generar ingresos adicionales al cobro del peaje. La DNV será la autoridad de aplicación y fiscalizará y auditará el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Gobierno indicó que la participación privada apunta a financiar infraestructura vial, mejorar la transitabilidad y la seguridad, reducir costos logísticos y restringir el gasto público para preservar el equilibrio presupuestario.